En los medios de comunicación leemos continuamente si un político es aforado, si no lo es etc… hoy vamos a explicar qué es la figura jurídica del aforamiento y quiénes son los aforados.
¿Qué es el aforamiento?
Aforamiento es la situación jurídica por la cual algunas personas por razón de su cargo no son juzgados por tribunales de primera instancia siendo juzgados por los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y por el Tribunal Supremo. Por tanto, lo primero que tenemos que destacar es que aforamiento no significa inmunidad.
Esta figura se creo hace ya unos siglos como garantía para que las autoridades que razón de su cargo pudiesen sufrir algún tipo de persecución política/jurídica injusta, tuviesen la garantía de ser juzgados por un tribunal de mayor categoría menos susceptibles de la presiones políticas, así garantizando que pudiesen realizar su mandato con libertad.
Para los detractores del aforamiento esto se debe a que muchos jueces que figuran en estos tribunales superiores son «impulsados» por partidos políticos (son mucho más cercanos al Poder Ejecutivo).
¿Quiénes son aforados?
En España hay alrededor de 10.000 aforados de los cuales unos 2.500 son cargos políticos y 7.500 jueces y fiscales.
Con la Constitución del año 1978 sólo se reconocía el aforamiento al Presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, incluyo a los magistrados del Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas, a vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Consejo de Estado, el defensor del Pueblo (adjuntos también) y los jueces y fiscales con carácter general.
Luego con los estatutos de autonomía aún extendieron más el aforamiento a muchos cargos políticos autonómicos.
¿Existe la figura en el resto de los países?
La figura jurídica existe en la mayoría de países de nuestro entorno (Francia, Portugal o Italia), pero a modo de ejemplo en Italia la inmunidad sólo se aplica al Presidente del Gobierno o en Francia al Presidente del Gobierno y los miembros del gobierno. En la mayoría de países anglosajones esta figura no existe.
Por tanto podemos concluir que el derecho existe en la mayoría de países, pero es justificado que en España muchas personas soliciten la limitación de este derecho, fundamentalmente a los cargos políticos.
